Un asalto al derecho a protestar

LA CONSTITUCIÓN estadounidense prohíbe cualquier ley "que coarte la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a la asamblea pacífica para pedir al gobierno la reparación de agravios".

Pero eso no detuvo a Rahm Emanuel.

Con la aprobación de las propuestas del alcalde de Chicago, Rahm Emmanuel, el 18 de enero, por el Concejo Municipal, las ordenanzas locales serán torcidas para ser usados como instrumentos de represión contra cualquier organización o grupo de personas que quiere expresar su disidencia.

No será necesario mucho para que un manifestante sea etiquetado de criminal en el feudo de Emanuel. Bastará con transportar un sistema de sonido o una pancarta no registrada con anterioridad, no proveer un mariscal de campo por cada 100 personas que asistan a una manifestación, o dejarla durar más de dos horas.

Estas regulaciones son supuestamente en preparación para las esperadas masivas protestas contra la cumbre conjunta del Grupo de los Ocho (los países más industrializados) y la alianza militar de la OTAN, a llevarse a cabo en mayo próximo. Pero la supresión de las libertades civiles no es temporal, como Emanuel dijo una vez, sino permanente--y el impacto será sentido por sindicatos, grupos comunitarios, activistas anti-bélicos, defensores de la justicia social y muchos más.

Indignación por este velado ataque obligó a Emanuel dar marcha atrás en algunos aspectos--la multa mínima por violaciones a los permisos de marchas, por ejemplo, será aumentado sólo cuatro veces, en vez de 20, como se tenía planeado. Pero incluso si esto fuera visto como una "concesión", lo que se mantuvo intacto es una extraordinaria criminalización al derecho a la protesta.

En Chicago, el asalto a los derechos constitucionales fue liderado por demócratas, uno de los más poderosos del país, y demócrata también es cada uno de los concejales que votó por su propuesta. Algunos de ellos dijeron tener dudas acerca de las intenciones de Emanuel, pero perdieron la oportunidad de honrar sus palabras, votando a favor de la propuesta del alcalde.

Rahm Emanuel se salió con la suya gracias a sus correligionarios del "partido del pueblo", porque ellos también--como los republicanos y los líderes empresariales--predican su amor por la libertad en público, pero a puerta cerrada hacen todo lo posible para socavarla, especialmente cuando su propio poder y privilegio están siendo cuestionados.

ESTE ASALTO a las libertades civiles no es una excepción. Hay muchos ejemplos más, que llegan hasta la cima del sistema político en "la mayor democracia del mundo".

En el último día del 2011, Barack Obama firmó la Ley de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), otorgando a los militares, a discreción del presidente, el poder de detener indefinidamente a ciudadanos estadounidenses.

Después de tres años en el cargo, Obama puede ser declarado un desastre sin paralelo para las libertades civiles. Además de firmar la NDAA, Obama ordenó el asesinato extrajudicial de al menos un conciudadano, intensificó el uso de ataques no tripulados en Pakistán y en otros lugares, y declaró la guerra a quienes se atrevieron denunciar los abusos y acciones ilegales de los militares estadounidenses, como el cabo Bradley Manning.

El otrora profesor de derecho constitucional no sólo se ha negado a deshacer los peores abusos de la administración Bush, como una vez lo prometió, sino que además los ha aumentado. Como el jurista Jonathan Turley escribió: "Con el tiempo, la elección de Barack Obama puede convertirse en uno de los eventos más devastadores en la historia de las libertades civiles".

Por supuesto, el gobierno insiste en que las políticas de Obama serán usados sólo contra la "gente mala"--extremistas y terroristas. Y estamos escuchando el mismo tipo de excusa proviniendo de Rahm Emanuel y sus partidarios en la Municipalidad--que la criminalización de la protesta en Chicago es parte de un esfuerzo por contener a "agitadores externos" que están "empeñados en la violencia".

Pero es increíble la facilidad con que manifestantes pacíficos pueden ser pintados como peligrosos extremistas.

Considere el Acta de Terrorismo a la Empresa Animal (AETA), una ley aprobada silenciosamente en el 2006, a instancias de las industrias de la agricultura y la biotecnología. AETA califica de "terrorismo" cualquier acto hecho "con el propósito de dañar o interferir con las operaciones de una empresa animal", así como los "daños económicos" a tal empresa. Activistas señalan que la ley es tan amplia que podría ser usada contra alguien que filme en secreto los abusos contra los animales cometidos en las granjas industriales, ya que esto podría afectar las ganancias de las empresas.

Así es como la protesta pacífica llega a ser mezclada con el terrorismo.

Fuimos testigos de una dinámica similar durante el otoño pasado, cuando el movimiento de protesta Ocupa Wall Street se extendió por todo el país. Cuando se hizo evidente que Ocupa no podía ser ignorado, las autoridades locales, ayudadas de los medios de comunicación, lanzaron una campaña de calumnias acusando a los activistas de todo, desde tolerar la violencia, hasta poner en peligro la salubridad pública. Las calumnias fueron el preludio de la represión--en una ciudad tras otra, los alcaldes demócratas ordenaron a la policía atacar los campamentos Ocupa y arrestar a cualquier que se atravesara.

Nuestro tipo de democracia--de abajo hacia arriba, basada en la idea de que los individuos tienen el derecho a luchar por sus empleos y mejores escuelas, por el cuidado de la salud y la Seguro Social, y por programas de ayuda a los más vulnerables en la sociedad--no es el tipo de democracia que los políticos respetan. Para ellos, la "democracia" está limitada a ponchar hoyos en una cabina de votación cada cierto tiempo, o hacer una contribución financiera a su fondo electoral.

Es precisamente cuando la disidencia se hace tangible y concreta--como lo ha hecho con el surgimiento del movimiento Ocupa en EE.UU., por no mencionar el ejemplo de los pueblos de Egipto, Túnez, Nigeria y otros países, saliendo a las calles para exigir justicia--que nuestro derecho a la libre expresión es puesto bajo la guillotina.

El movimiento Ocupa fue el ejemplo más estimulante de democracia de base en muchos años, si no décadas. Sin embargo, cuando se convirtió en una amenaza, por su crecimiento y su desafío al estatus quo, los líderes políticos estuvieron listos para reprimirlo--casi todos ellos demócratas, supuestamente, comprometidos a velar por las libertades civiles.

Como la activista de Ocupa Chicago Evelyn Dehais declaró en una conferencia de prensa denunciando el plan de Rahm Emanuel:

Si estas medidas son temporales o permanentes no viene al caso. Las libertades fundamentales sobre las que este país fue fundado no pueden ser ignoradas o negociadas en ningún momento, por ninguna razón, y ciertamente no en nombre de la conveniencia.

Este es un esfuerzo de la oficina del alcalde para controlar la disidencia en una ciudad donde el alcalde ha dado a sus electores suficiente causa para disidir. Él [el alcalde] ha despojado al pueblo y las comunidades que fue elegido para representar en el nombre de la austeridad, mientras defiende al 1 por ciento y el precio de 65 millones de dólares que la cumbre de la OTAN-G8 costará. Y ahora, con una hipócrita excusa de "seguridad pública", él intenta despojar a los Chicagüenses de su voz.

MUCHA GENTE pensará que estos últimos ataques a las libertades civiles son una aberración de las verdaderas tradiciones democráticas en Estados Unidos. Pero eso no es verdad. El gobierno estadounidense siempre ha estado dispuesto a usar la violencia y la represión.

Qué tan violento y represivo parece más obvio en tiempos de guerra, cuando las violaciones al Acta de Derechos ocurren casi sin cuestionamiento. Durante la Primera Guerra Mundial, la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918 convirtieron en delito interferir con el esfuerzo bélico o con el reclutamiento militar, y prohibió el uso de "lenguaje desleal, profano, difamatorios o abusivo" para hablar acerca del gobierno, la bandera o el ejército de Estados Unidos.

Pero similares ataques contra nuestros derechos son también familiares en tiempos de paz. Las Redadas Palmer, en la que miles de izquierdistas y radicales fueron detenidos y deportados en 1919 y 1920, fueron llevadas a cabo después de que la Primera Guerra Mundial. Durante la década de 1950 y 1960, el gobierno federal llevó a cabo una caza de brujas contra socialistas, comunistas y activistas por los derechos civiles. La COINTELPRO, del FBI, apunto sus pistolas a un supuesto enemigo interno, mientras la guerra contra el "comunismo" estaba siendo librada en el extranjero.

Los responsables del gobierno y las instituciones de poder en una sociedad capitalista prefieren gobernar con el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, están muy dispuestos a recurrir a la represión y la coacción, si lo consideran necesario.

La única defensa contra estos ataques a nuestros derechos son nuestro número y nuestra movilización.

Es importante recordar que todas las mentiras y trucos sucios, las detenciones y la violencia de Estado, no pudieron detener el ascenso del movimiento por los derechos civiles o en contra de la guerra en Vietnam. A pesar de toda la brutalidad y la represión que el Estado fue capaz, estos movimientos tuvieron éxito en destruir del sistema de segregación legal en el Sur de EE.UU. y en poner fin a una guerra imperialista al otro lado del mundo.

En su "Carta desde la Cárcel de Birmingham", Martin Luther King respondió a los críticos que lo cuestionaban por haber desafiado la ley:

A veces una ley es justa en su letra e injusta en su alma. Por ejemplo, yo he sido arrestado bajo el cargo de marchar sin permiso. Ahora, no hay nada malo en tener una ordenanza que exija un permiso para un desfile. Pero dicha ordenanza se hace injusta cuando es utilizada para mantener la segregación y negar a los ciudadanos su privilegio de la Primera Enmienda de asamblea pacífica y de protesta.

En el 18 de enero, Rahm Emanuel logró, sin mucha dificultad, que el Concejo de la Ciudad de Chicago aprobara su plan de sentar y callar a cualquiera que no esté de acuerdo con él.

Por eso, hoy es más importante que nunca decir: "¡No nos dejaremos intimidar!"--a Emanuel y cualquier otro líder políticos que quiera criminalizar el derecho a protestar.

Traducido por Orlando Sepúlveda