Obama y la Suprema S.A.

EN EL 2007, le preguntaron al entonces candidato presidencial Barack Obama qué le gustaría ver en un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él respondió, "[N]o se trata sólo de una tema en particular y la forma en que dictamina, sino cómo concibe el Tribunal. Y parte de la función de la Corte es proteger a las personas que puedan ser vulnerables en el proceso político, el afuerino, las minorías, los frágiles, aquellos que no tienen mucha influencia".

A juzgar por lo dicho entonces, el candidato Obama debe estar terriblemente decepcionado de la Corte Suprema bajo el presidente Obama--una corte que fielmente ha mirado por los intereses de aquellos con influencia, de los menos vulnerables en la sociedad.

La mayoría de los fallos más importantes de la Corte Suprema durante este año subrayan el hecho de que el dinero y el poder mandan, incluso en los salones de la más alta instancia judicial del país. Los nueve magistrados han fallado en varias ocasiones a favor de las corporaciones y del poder del gobierno para restringir los derechos de los pobres y desposeídos.

Y la verdad es que esto es exactamente lo que el presidente Obama quiso, en la mayoría de los casos, a pesar de lo que haya dicho como candidato. La Casa Blanca celebró la decisión de la Corte Suprema de ratificar la ley de salud, fortaleciendo el rol parasitario de la industria aseguradora en el sistema de atención médica. Y cuando se trató de amenazas a las libertades civiles, la administración Obama favoreció la represión por sobre los derechos.

Todo esto nos ofrece nuevas lecciones sobre el rol de las instituciones de gobierno en una sociedad regida por el capital--y sobre qué intereses el Partido Democrático realmente sirve, a pesar de su ocasional retórica.

A lo largo de su historia, la Corte Suprema ha sido una institución fundamentalmente conservadora que actúa como garante del estatus quo, incluso si esto significa ir completamente en contra los más básicos principios de la justicia. Del mismo modo, los demócratas--aunque dependan del voto popular, en especial de la mujer y las minorías--han demostrado estar tan dedicados a preservar el poder y la riqueza de la élite empresarial y política como sus rivales republicanos.

SE NOS enseña a creer que la Corte Suprema está "por arriba" de la política y es inmune a las influencias del poder económico, pero su historia demuestra lo contrario; lo que recientemente quedó más claro que nunca, cuando una ley en Montana, que prohibía el gasto empresarial directo en campañas electorales estatales y locales, fue revocada por el Tribunal.

Dos años después de su decisión Ciudadanos Unidos--la que provocó un escándalo público al confirmar la extraña lógica jurídica de que las corporaciones y los ciudadanos tienen los mismos derechos, por lo que sus donaciones político-electorales son equivalentes a "la libertad de expresión"--ahora la Corte fue aún más lejos: Dejó sin efecto una ley aprobada hace un siglo para detener la corrupción y el soborno en la política.

La oposición a la influencia del dinero en el sistema político es fuerte. Por ejemplo, según una encuesta, la mayoría de los estadounidenses, siete de cada diez, prefiere que las súper-PAC (las que permiten a los ricos hacer donaciones ilimitadas a un candidato o partido) sean ilegales. Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor del empresariado una vez más.

Los jueces, cuyo cargo es vitalicio, no dependen de donaciones empresariales para ganar su re-elección. Ellos actúan a favor de los intereses de la clase dominante no porque hayan sido sobornados, sino por la naturaleza de la Corte--mantener el estatus quo y proteger el poder de las corporaciones y los ricos. Lo mismo es cierto de los funcionarios electos, aunque no sean directamente comprados.

Sólo frente a un cambio claro en la opinión pública--expresado por la mayoría luchando desde abajo--hará que la Corte Suprema, en particular, y el gobierno, en general, desvaríen de su misión pro-capital.

El cometido empresarial de la Corte se mostró una vez más cuando ésta falló que la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible--la reforma al cuidado de la salud firmada por Obama--es constitucional. Aunque los medios, en su mayoría, representaron la cerrada decisión--5 contra 4 votos--como el resultado de una milagrosa aberración liberal del presidente conservador del Tribunal Supremo, John Roberts, la realidad es mucho menos misteriosa.

La ley contiene reformas importantes, como prohibir a las compañías de seguros discriminar a personas con "condiciones pre-existentes", pero esto es anulado por disposiciones que protegen las ganancias y el poder de las industrias farmacéuticas y de seguros a expensas de los pacientes, por ejemplo, el mandato para que millones de personas compren caras y defectuosas pólizas de seguros.

La decisión de Roberts de votar junto a los cuatro magistrados de tendencia liberal no fue el resultado de un cambio de corazón, sino que representa su compromiso con la industria de la salud, la que tiene mucho que ganar con la ratificada ley.

Mientras tanto, siete jueces votaron en contra de una disposición de la misma ley que ampliaba la cobertura de Medicaid para los pobres--y nada menos que Elena Kagan, quien fue la Procuradora General de la administración Obama antes de ser nominada a la Corte, fue uno de ellos. Kagan y los otros jueces basaron su decisión en la idea de que es "coercitivo" exigir a los Estados cumplir con los requisitos federales de Medicaid para recibir financiamiento.

"¿Quién pensaría que la Procuradora General cree que la expansión de Medicaid es inconstitucional?" dijo a Politico Kevin Outterson, profesor de la Universidad de Boston, quien presentó un recurso instando al Tribunal sostener la expansión de Medicaid. "Yo creo que lo más poderoso que [los conservadores] obtuvieron es en el asunto del Medicaid. Cada programa de la Gran Sociedad, ahora tiene que ser filtrado a través de la doctrina de la coerción".

¿Qué será luego? ¿Son las normas federales para la educación pública "coercitivas"? ¿Qué pasa con el requisito de que los Estados administren prestaciones por desempleo?

Y ESA es una decisión del Tribunal Supremo que los liberales celebraron como una victoria. Pero cuando la Corte tuvo la oportunidad de estar en contra de la discriminación racial, ésta dijo: "No".

En su fallo sobre la draconiana ley anti inmigrante SB 1070 de Arizona, la Corte Suprema revocó algunas de sus disposiciones más atroces, incluyendo una que hubiera requerido a todos los inmigrantes obtener y portar documentos que demuestren su estatus migratorio, y otra haciendo un delito para un inmigrante indocumentado buscar y tener un trabajo.

Pero con respecto a aquella parte de la ley que otorga a la policía el derecho de investigar el estatus migratorio de cualquier persona que detengan, la mayoría de los jueces la ratificó... siempre y cuando la policía pueda afirmar tener una "sospecha razonable".

En otras palabras, si "luces" indocumentado, entonces es "razonable" que la policía de Arizona te acose. Con esta decisión, la Corte Suprema dio luz verde a la discriminación racial de latinos en Arizona y en cualquier otro estado que apruebe una ley similar.

Esta decisión mantuvo la línea de otro caso, uno en el que la Corte sostuvo el derecho de la policía a chequear al desnudo a una persona, incluso si fuera detenida por delito menor. Es de esperar que la gente de color, negros y latinos, sean desproporcionadamente blancos de la práctica.

En este caso, los jueces fueron presionados a fallar en contra de las libertades civiles... por la mera administración Obama, abriendo así la temporada para para violar los derechos de las minorías, y tenemos al primer presidente afroamericano para dar las gracias por ello. Las libertades civiles están siendo aplastadas en la Corte Suprema, pero parte de la culpa radica en la actitud de la Casa Blanca.

Pero entre las decisiones de este año hay algunos ejemplos de casos en los que la Corte deliberó un cambio con respecto a su anterior conservatismo; por ejemplo, la Corte dictaminó que las sentencias obligatorias a perpetuidad, sin libertad condicional, para menores de edad son inconstitucionales, porque violan la Octava Enmienda con respecto al castigo cruel e inusual. Previamente, el Tribunal anuló la pena de muerte para menores.

Detrás de esta decisión hay décadas de activismo arrojando luz sobre la crueldad de un sistema que ejecuta o encierra de por vida a menores de edad. Las encuestas demuestran que la opinión pública se aleja de favorecer la pena de muerte o el encarcelamiento perpetuo sin libertad condicional. Los jueces siguen esta tendencia, no la lideran.

Pero aún hay mucho camino que recorrer en este tema. El año pasado, la Corte Suprema permitió la ejecución de un hombre inocente en Georgia, Troy Davis, en lugar de admitir que había sido víctima de la policía y de mala conducta fiscal.

Pero la historia demuestra que cuando un gran número de gente está dispuesta a defender la justicia, los dictados de los jueces, supuestamente imparciales, pueden ser afectados.

Es importante recordar que la elección presidencial del 2012 se acerca. Cada cuatro años, demócratas y liberales sacan a la palestra el "argumento de la Corte Suprema", según el cual la izquierda debe apoyar al candidato demócrata a la presidencia, no importa qué tan malo sea su historial o su plataforma, porque de lo contrario, los republicanos llenarán el tribunal con más conservadores.

Pero el comportamiento de la Corte Suprema durante el año pasado--incluso el de sus magistrados liberales--así como la posición adoptada por la administración Obama en los casos ante la Corte, ilustran lo acertado de la famosa declaración del fallecido historiador Howard Zinn:

[L]o que realmente importa no es quién ocupa la Casa Blanca, sino quién está ocupando las calles, las cafeterías, los pasillos de gobierno, las fábricas. Quién está protestando, quién ocupa las oficinas y se manifiesta... estas son las cosas que determinan lo que ha de pasar.

Traducido por Orlando Sepúlveda