Defendamos el derecho al voto

AL MISMO tiempo que miles de personas conmemoraban la célebre marcha por los derechos civiles en Selma, Alabama, que fue atacada por policías estatales en 1965, los magistrados de la Corte Suprema ponderaban la posibilidad de retornar a otra parte de esa historia: la supresión del voto afroamericano.

En los últimos días febrero, el Mes de la Historia Negra, el tribunal escuchó argumentos en una demanda para anular partes de uno de los principales logros jurídicos del movimiento por los derechos civiles: la Ley del Derecho Electoral de 1965.

La demanda –originada en el Condado de Shelby, Alabama, de mayoría blanca--derogaría la Sección 5 de la Ley, que exige a los estados con una historia de discriminación racial obtengan la aprobación del Departamento de Justicia antes de que implementar un cambio en sus leyes electorales. Los abogados de Shelby argumentan que la Sección 5 está "obsoleta" y no refleja los cambios en el estado desde 1965.

Antonin Scalia, el petulante líder del ala retrógrada de la corte, ya señaló como votará cuando la decisión sea anunciada en el verano, cuando llamó la Ley de Derechos Electorales la "perpetuación del derecho racial".

Aclarando también que el derecho al voto de los afroamericanos no es algo que esté férreamente asegurado; cada vez más intensamente, varios estados persiguen nuevas regulaciones electorales, tales como tarjetas de identificación de votantes, supuestamente para "proteger el voto".

EL EFECTO neto de estas leyes será la supresión del voto, no su protección.

En Carolina del Norte, por ejemplo, donde la derecha busca imponer un estricto requisito de identificación, la Junta Estatal de Elecciones informó que hasta medio millón personas podrían no tener la identificación necesaria para cumplir con la ley. De acuerdo con Democracy-North Carolina, este grupo incluye personas sin domicilio fijo, adultos de bajos ingresos, adultos mayores y mujeres que cambian su apellido luego de casarse.

Los negros y los blancos pobres se verían desproporcionadamente afectados por dichas leyes. En Carolina del Norte, los negros son el 22 por ciento de los votantes registrados, pero constituyen el 31 por ciento de las personas sin identificación. Los estudios muestran que podría ser casi imposible para personas sin recursos económicos obtener la documentación necesaria, porque las oficinas que emiten tales identificaciones están lejos de sus hogares o abiertas sólo un día a la semana.

Para obtener la identificación exigida para votar en Carolina del Sur, en virtud de una ley aprobada en 2011, una persona debe pagar por un pasaporte o certificado de nacimiento. "Ésta es la hermanastra del impuesto electoral", Judith Browne-Dianis de Advancement Project dijo a Ari Berman, de la revista Rolling Stone. Berman explica: "Bajo la nueva ley, muchos residentes ancianos negros, que nacieron en casa, en el segregado Sur, y nunca tuvieron un certificado de nacimiento, ahora debe ir al tribunal familiar para probar su identidad".

Después de las elecciones de 2010, la derecha emprendió una cruzada contra lo que llamó "fraude electoral", presionando por restricciones que según ellos garantizarían "elecciones justas"; entre ellas: requerir identificación, limitar la votación anticipada, eliminar la registración durante el día de la elección, y exigir pruebas de ciudadanía para inscribirse para votar.

Pero estas leyes no son para eliminar el fraude electoral, sino para eliminar votantes de color.

A pesar de la alharaca de fraude, muy pocos casos de irregularidades electorales han sido demostrados. En Carolina del Sur, por ejemplo, la derecha reclamó que "cientos " muertos habían votado para justificar la aprobación de la ley de 2011. Pero después de investigar, el Comité Estatal de Elecciones anunció, un año más tarde, que no halló pruebas de que ni un solo haya sido voto fraudulento.

La importancia de la Ley del Derecho Electoral queda manifiesta en que seis de los nueve estados cubiertos bajo la Sección 5 han pasado nuevas restricciones al voto desde 2010. La promesa de la representación equitativa bajo la ley está lejos de ser alcanzada para los afroamericanos en el Sur.

Pero esto no es un problema del Sur solamente. Diecinueve estados pasaron más de 24 regulaciones en 2011 y 2012, haciendo más difícil votar; "el mayor retroceso en el derecho al voto desde la era de Jim Crow", según Myrna Pérez y Lucy Zhou del Brennan Center, escribiendo en el Christian Science Monitor. Los 19 estados incluyen New Hampshire, Rhode Island, Pennsylvania y Wisconsin.

Además de restricciones formales, otras medidas han tenido el efecto de reducir el voto afroamericano, tales como complicadas normas que regulan a grupos que inscriben nuevos votantes. En Florida, por ejemplo, activistas electorales enfrentan elevadas multas y convicción si no cumplen con las arbitrarias reglas, como la entrega de los formularios 48 horas después de su obtención.

La organización ACORN tuvo que cerrar sus puertas luego de un ataque republicano, consistente en acusaciones celosamente repetidas por los medios derechistas de que el grupo cometió fraude electoral registrando nuevos votantes.

La racista represión electoral también tiene otras formas, por ejemplo distritos legislativos diseñados para minimizar el poder de los afro-americanos y otros grupos. Shelby, Alabama, el mismo condado argumentando frente a la Corte Suprema que la Sección 5 está "obsoleta", es un ejemplo perfecto. Ari Berman escribió en The Nation: "Antes de las elecciones locales de 2008, la ciudad de Calera re-diseñó sus límites, eliminando el único distrito mayoritariamente negro, representado por Ernest Montgomery desde 2004. La ciudad disminuyó la población negra en edad de votar de 71 por ciento al 30 por ciento en el distrito de Montgomery, mediante la adición de tres subdivisiones abrumadoramente blancas, y excluyendo un barrio vecino de mayoría negra".

DURANTE LOS argumentos frente a la Corte Suprema, el fiscal general Eric Holder y su Departamento de Justicia defendió la importancia de mantener la Ley del Derecho Electoral.

Sin embargo, Holder y la administración Obama no han tenido nada que decir acerca de una forma más amplia y sistemática de supresión el voto negro: la pérdida del derecho al voto de millones de personas que están bajo el control del sistema de justicia penal.

Debido a las leyes que niegan el derecho electoral, un delito mayor puede convertirse en una sentencia de por vida en cuanto a derechos políticos se refiere. Según la ACLU, más de 5 millones de personas han perdido el derecho a votar por delitos pasados en Estados Unidos, y hasta 4 millones de ellos ya no están en la cárcel. Hay 11 estados en los que un ex reo puede perder su derecho al voto de por vida.

Debido al racismo que determina quién queda atrapado en el sistema penal de justicia, la privación del derecho al voto por delitos pasados perjudica de manera desproporcionada a los afroamericanos. Hay una larga historia de esto también: desde que la 15 ª Enmienda garantizó el derecho de los ex esclavos negros a votar, los estados sureños han tratado de despojarlos de este derecho con leyes como éstas.

Hoy en día, este legado racista continúa. Según Sentencing Project, " 1 de cada 13 afroamericanos en edad de votar ha perdido este derecho, una tasa más de cuatro veces mayor que los no afroamericanos. Casi el 7,7 por ciento de la población adulta afroamericana ha perdido su derecho al voto, frente al 1,8 por ciento del resto de la población no negra".

Muchos activistas del movimiento por los derechos civiles perdieron la vida en lugares como Selma, Alabama, en la lucha por la igualdad. Y en el Norte, antirracistas reconocieron que la lucha contra la discriminación no estaba relegada sólo al sur, y tuvieron que luchar en sus propias ciudades por justicia en la vivienda, el empleo y las escuelas.

Esta batalla está lejos de terminar, y ahora la conservadora Corte Suprema quiere dar marcha atrás al reloj hasta antes de que hubiera comenzado.

La necesidad de un nuevo movimiento antirracista para desafiar toda expresión de discriminación e intolerancia en EE.UU. no puede ser más clara, por el derecho al voto, a una educación pública de calidad, y a caminar por las calles sin temor de encarcelamiento y una vida para siempre arruinada por el sistema de justicia penal.

Traducido por Orlando Sepúlveda