Jugando con los inmigrantes

LA ORDEN ejecutiva de Barack Obama para detener la amenaza de deportaciones que cierne sobre los inmigrantes indocumentados ofreció un momento de esperanza para unos 5 millones de ellos que cada día viven con el temor de ser arrestados y detenidos, y muchos millones más que temen ser separados de sus seres queridos por las autoridades de inmigración.

Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que los republicanos tomaran este modesto acto de decencia y lo convirtieran en una cacería de brujas contra los inmigrantes.

El Congreso estuvo embrollado durante días en una batalla legislativa para revertir la orden ejecutiva, que los representantes republicanos adjuntaron a una votación sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. El estancamiento amenazó con un mini-paro del gobierno, hasta que en la primera semana de marzo, el Vocero de la Cámara de Representantes, John Boehner, por temor a pagar políticamente por el obstruccionismo republicano, forzó un voto en un presupuesto limpio, sin una medida en contra de la acción ejecutiva de Obama.

La aspirante presidencial del Partido Democrático, Hillary Clinton, ya se había mezclado en el asunto, llamando la acción Obama "histórica" y una respuesta sensata a la inacción republicana. Así, ella practicaba su discurso electoral para 2016, el que dirá que sólo con ella en la Casa Blanca los inmigrantes podrán contrarrestar el ataque republicano.

Millones serán influidos por este argumento que apela al temor a los reaccionarios republicanos, la misma razón por la que Barack Obama, cuya administración ha deportado a más personas que cualquier otra en la historia, aparece como un mal menor al Partido Republicano.

Todo esto oscurece el hecho de que ambos partidos concuerdan en mucho más de lo que no, que el ataque contra los inmigrantes ha sido bipartidista, y que ambos priorizan las necesidades de las corporaciones estadounidenses sobre el bienestar de millones de trabajadores y sus familias.

EL MES pasado, un juez federal detuvo la acción ejecutiva de Obama, honrando una solicitud presentada por 26 gobiernos estatales. Fue entonces que el Congreso republicano entró en acción, demandando que la legislación presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional contuviera una disposición contra la orden ejecutiva de Obama.

Así, no fue de extrañar que aquellos que quieren detener la máquina de deportaciones dirigieran su ira contra los republicanos. Pero es importante revisitar la política de inmigración de Obama.

Dejemos a un lado el hecho de que Obama arrastró los pies en emitir la orden ejecutiva, prologando la espera hasta después de las elecciones noviembre pasado a petición de los demócratas más conservadores, la acción ejecutiva de Obama refuerza algunas de las mismas políticas fronterizas que los inmigrantes y sus aliados han por mucho tiempo criticado.

Como Justin Akers Chacón escribió en Socialist Worker el año pasado:

La reciente orden ejecutiva de Barack Obama... es un bienvenido respiro, así como un alto al fuego es bienvenido por quienes son sometidos a ataques militares.

La guerra es una apropiada analogía... La última década ha sido testigo de la fusión de la política de inmigración con la doctrina de seguridad nacional; una acumulación masiva de infraestructura a lo largo de la frontera sur; y la rápida expansión de la militarización de la aplicación de la ley... en todo el interior del país.

Mientras la acción de Obama representa un relajo al apresurado ritmo de deportaciones, también relega más personas a la amenaza de arresto y detención por la ampliación de la aplicación de la ley y la "seguridad fronteriza", aumentando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, y continuando la detención obligatoria de los llamados inmigrantes "deportables". El gobierno también tiene previsto ampliar el número de prisiones privadas para inmigrantes.

También figura en la orden el camino hacia una mayor explotación laboral de los inmigrantes--documentados e indocumentados. Algunos trabajadores inmigrantes recibirán un trato mejor. Si el Vallé Silicón considera su trabajo necesario, será posible obtener una visa, y de paso mantener el costo de mano de obra de la industria de alta tecnología. Pero si su trabajo no es considerado "valioso", no habrá modo de obtener una de las visas de trabajo que el plan Obama ofrece.

Los efectos del aumento de aplicación de la ley sobre los trabajadores inmigrantes y sus familias son revelados todos los días. En enero, el Guardian informó sobre una cárcel de detención temporal en Texas donde inmigrantes capturados al intentar cruzar la frontera son puestos en frías habitaciones de concreto, sin muebles, e iluminadas por las luces de neón las 24 horas del día, con sólo una cobija. Una de los detenidas, Carla, tenía tan sólo 7 años de edad. Ella languideció en la estación fronteriza por 15 días.

Mientras tanto, las políticas de inmigración bajo Obama también han enviado el claro mensaje a la policía local de que puedan acosar y maltratar a los inmigrantes con impunidad, y no sólo en lugares cercanos a la frontera con México.

Esto quedó de manifiesto recientemente en Pasco, Washington, con el asesinato de un trabajador agrícola inmigrante, desarmado, por la policía, con 17 tiros por lanzar una piedra a la calle. En Pasco, donde los latinos son la mayoría de la población, la industria alimenticia necesita la mano de obra inmigrante para recoger las frutas y verduras y para poner en marcha las plantas de procesamiento. La policía se encarga para mantener el precio del trabajo bajo, hostigando e intimidando a los trabajadores migrantes.

Pasco tiene una población de sólo 60.000 almas, pero cinco personas han muerto a manos de la policía en los últimos siete meses. La gran injusticia del asesinato de Antonio Zambrano-Montes, y sus similitudes con el asesinato policial de adolescente negro Mike Brown en Ferguson, Missouri, provocó protestas que cerraron las principales avenidas, y finalmente dio expresión a la ira contra el racismo policial dirigido hacia los trabajadores inmigrantes.

PERO LA política de inmigración de Obama no es ajena al Partido Democrático.

El presidente Bill Clinton siguió un camino similar durante su gobierno, prometiendo políticas más tolerantes de "asilo", pero terminando por aumentar la vigilancia fronteriza.

Durante la campaña electoral de 1992, Clinton prometió poner fin a la política de retornar a los refugiados haitianos que enfrentaban persecución tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide. Una vez en la Casa Blanca, sin embargo, Clinton siguió la política de su predecesor republicano, George H. Bush, exigiendo a los solicitantes de asilo ir al consulado a postular, claramente imposible para los haitianos empobrecidos, quienes usaron balsas para tratar de encontrar refugio en los Estados Unidos.

Además, Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Inmigrante, que Clinton firmó en 1996, incrementó la militarización en la frontera sur de EEUU, aumentando el número de muertes de quienes intentaron cruzar la frontera en lugares más peligrosos y mortales.

Durante esa época, los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar propuestas anti-inmigrantes como una matrícula de identificación obligatoria, requerir a las escuelas y hospitales informar del estatus migratorio de sus estudiantes y pacientes, y eliminar los servicios públicos para inmigrantes indocumentados, como la educación pública.

Al mismo tiempo, el gobierno de Clinton respaldó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Como resultado, las importaciones gringas más baratas inundaron México, desgarrando a millones de agricultores de las tierras que cultivaban y arrojándolos al desempleo. Hoy, la administración Obama promete más tratados de libre comercio, como la Asociación Trans-Pacífica.

Los años de Clinton mostraron que incluso cuando el partido "pro-inmigrante" estuvo a cargo, los inmigrantes no pudieron ver la diferencia, y que la política migratoria de Estados Unidos es, en primer lugar, formulada para satisfacer los intereses de su política exterior y corporaciones.

A pesar de todo su obstruccionismo y traiciones, la administración de Obama es aún vista como la mejor oportunidad de justicia para los inmigrantes. Pero hay una contra corriente de sospecha e incluso de llana protesta.

Frank Sharry, director la Voz de América, un grupo a favor de la reforma migratoria, dijo a The Atlantic el otoño pasado que creía que Obama actuaría en inmigración, aunque muchos otros no lo creían ya posible. "Lo que oigo en la calle es que, 'él es un mentiroso. Nosotros lo elegimos, y él nos ha dado nada más que las deportaciones'", dijo Sharry. "Va a haber muchos activistas, la próxima generación de líderes de la comunidad latina, que nunca van a olvidar que los demócratas los vieron como una molestia".

En otro frente, las condiciones a las que los más afectados son sometidos, están comenzando a producir rebeliones. En febrero, reclusos, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, se amotinaron y tomaron control temporal de un centro de detención de inmigrantes en Raymondville, Texas, tristemente célebre por su maltrato de reclusos. Los internos estaban protestando su completa falta de derechos, desde retrasos a la atención médica hasta interferencias a sus reuniones con sus abogados.

Una alternativa real al duopolio político en Washington debe pronunciarse en defensa del derecho de todo trabajador cruzar cualquier frontera, de cualquier país a otro, por cualquier razón, incluido el derecho a ganarse la vida en la tierra en que vive, y a no estar obligado a migrar debido a las políticas económicas que atentan contra trabajadores en ambos lados de la frontera, como las patrocinadas por Estados Unidos.

Está claro que la orden ejecutiva de Obama no hace lo suficiente, pero el problema no es el obstruccionismo republicano. El problema es que, para ambos partidos, los intereses de las corporaciones estadounidenses toman precedencia a las vidas de los inmigrantes.

Traducido por Orlando Sepúlveda